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Consejo de Educación aprueba solicitar al Gobierno el 4.09 del PIB para la educación

La Coalición por una Educación Digna asegura que el argumento de la falta de recursos para cumplir con el 4 por ciento a la educación no es real, porque en un lapso de once años, se han invertido 843 mil 617 millones de pesos en pago de deuda externa, defensa, subsidio eléctrico, corrupción y malversación de fondos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Consejo Nacional de Educacion aprobo hoy, miércoles 14 de septimebre, presentar la formal petición del 4.09 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la la inversión en la educación nacionalel.
El Consejo aprobó hacer la solicitud al Consejo de Ministros después de un debate cuatro horas corridas, de 10 de la mañana a cuatro de la tarde, y recibió el voto favorable de 9 de los 12 integrantes del organismo presentes en la reunión.

Una vez que el Ministerio de Educación presente esta solicitud al Consejo Nacional de Desarrollo, dependerá de esa instancia si lo aprueba para incluirlo en el próximo Presupuesto Nacional que deberá ser enviado al Congreso Nacional en octubre, y que regirá para el año 2012.

Las motivaciones de la Coalición por una Educación Digna

La Coalición por una Educación Digna solicitó este mismo miércoles al Consejo Nacional de educación (CNE) asumir el pacto político y social que suscribió esa organización con varios candidatos políticos y organizaciones sociales y coadyuvar a que el derecho a la educación  pública y de calidad pase de las páginas de la Constitución a la realidad.

“El incumplimiento por parte del Estado de su responsabilidad en cuanto a garantizar el financiamiento a la educación en República Dominicana, constituye un serio obstáculo al pleno ejercicio del derecho a la educación, lo cual se traduce en la violación de las disposiciones constitucionales y adjetivas mencionadas anteriormente”, dijo Nelson Suárez, de la Coalición, ante el CNE.

La Coalición asegura que el argumento de la falta de recursos para cumplir con el 4 por ciento a la educación no es real, porque en un lapso de once años, se han invertido 843 mil 617 millones de pesos en pago de deuda externa, defensa, subsidio eléctrico, corrupción y malversación de fondos.

“Si bien los fondos públicos destinados a la educación en República Dominicana han aumentado en términos nominales y reales en las dos últimas décadas, las estadísticas revelan que el incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación 66-97 ha representado una seria limitación para que el Estado Dominicano cumpla con su obligación de respetar, proteger y realizar el derecho a la educación”.

La Coalición plantea que entre 1999 y el 2000 el Estado obtuvo ingresos por 2 billones 203 mil 378 millones de pesos,  y apenas  invirtió en educación preuniversitaria 205 mil 636 millones de pesos, equivalentes a un 9.3% anual de los ingresos y el 1.7% del PIB. Se debió invertir en educación 474 mil 762 millones de pesos, “por lo que la brecha histórica de deuda presupuestaria con la educación contraída por el Estado dominicano hasta el 2010 asciende a un monto de RD$269,125.9 millones”.

A continuación el documento inextenso:

Mensaje de la Coalición Educación Digna

Al Consejo Nacional de Educación (CNE)

Miércoles 14 de septiembre 2011, Santo Domingo, R.D.

El Consejo Nacional de Educación debe ser garante del derecho a la educación

El Derecho a la Educación

El Derecho a la Educación ha estado consagrado de manera permanente en la Constitución Dominicana. El Artículo 29 del Capítulo II de la primera Constitución de la República disponía la creación de la instrucción pública, común a todos los ciudadanos de forma gratuita en todos los ramos de la enseñanza primaria. 119 años después, la Constitución de 1963 en su Artículo 35, reconocía el derecho de todos los dominicanos y las dominicanas a la educación y destacaba la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cabal cumplimiento de esta prerrogativa constitucional.

En la nueva Constitución Dominicana proclamada el 26 de enero de 2010, el derecho a la educación ha sido especificado y en cierto modo ampliado, al disponer en su Artículo 63 que: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.

Así mismo, en los numerales 3 y 4 del Artículo 63 se puntualiza la obligación del Estado de garantizar la educación pública gratuita y se declara la obligatoriedad de la misma en los niveles inicial, básico y medio, al tiempo que se recalca sobre la responsabilidad Estatal de velar por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando.

La responsabilidad del Estado de financiar la educación se fundamenta en el criterio de que ésta representa un derecho fundamental de todo ser humano.

Las obligaciones y compromisos del Estado en materia de respeto, protección y garantía del derecho a la educación suponen el cumplimiento de tres condiciones:

1. La disposición de recursos públicos suficientes para la garantía del derecho a la educación de acuerdo a los estándares de cantidad y calidad adecuados,

2. La identificación y superación de obstáculos que impidan que el gasto público en educación sea consistente con el cumplimiento de la obligación de Estado dispuesta en la constitución, en la ley 66-97 y en los pactos, convenios y acuerdos internacionales,

3. Y la identificación y remoción de barreras socioeconómicas que impidan el ejercicio del derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas.

La Ley 66-97 y el Financiamiento del Derecho a la Educación

Las prerrogativas constitucionales sobre el derecho a la educación fueron complementadas y concretizadas por una legislación adjetiva en el 1997, con la Ley Orgánica de Educación 66-97. Esta Ley, que regula en materia educativa la labor del Estado, así como a los particulares, reconoce también el derecho a la educación y fija con absoluta claridad en su Artículo 197, los parámetros que debe cumplir el Estado para garantizar el financiamiento del derecho a la educación, disponiendo la proporción del gasto público a ser destinado a la educación preuniversitaria.

Disponibilidad de Recursos y Financiamiento del Derecho a la Educación

Si bien los fondos públicos destinados a la educación en República Dominicana han aumentado en términos nominales y reales en las dos últimas décadas, las estadísticas revelan que el incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación 66-97 ha representado una seria limitación para que el Estado Dominicano cumpla con su obligación de respetar, proteger y realizar el derecho a la educación.

En el periodo comprendido entre 1999 y 2010 el Estado obtuvo ingresos y recursos ascendentes RD$2 billones 203 mil 378.3 millones.

En el mismo periodo los fondos destinados a la educación preuniversitaria ascendieron a RD$205 mil 636.3 millones equivalentes a un 9.3% promedio anual de los ingresos y recursos obtenidos por el Estado y un 1.7% del PIB.

Así mismo, en el referido lapso se debió de asignar a la educación un total de RD$474,762.2 millones, por lo que la brecha histórica de deuda presupuestaria con la educación contraída por el Estado Dominicano hasta el 2010 asciende a un monto de RD$269,125.9 millones.

El incremento promedio anual de los fondos públicos asignados al Ministerio de Educación durante los 12 años comprendidos entre 1999 y 2010, ha sido de RD$2,583.4 millones, si se decidiera incrementar anualmente el presupuesto de educación en RD$10,000 millones, tardaríamos casi 27 años para saldar la deuda presupuestaria del Estado con la educación preuniversitaria.

Los argumentos sobre las restricciones fiscales para cumplir con el mandato presupuestario de la Ley 66-97 quedan invalidados si tomamos en cuenta que en los 12 años transcurridos desde 1999 a 2010 se han destinado:

1. RD$454,288.7 millones para el servicio de la deuda

2. RD$88,829.1 millones para gasto de defensa

3. RD$190,500 millones en subsidios eléctrico

4. Y RD$110,000 millones en corrupción y malversación

Lo que suma un total de RD$843,617.8 millones, más de 3 veces el presupuesto dejado de asignar a la educación.

La no aplicación por parte del Estado de los recursos presupuestarios para la educación, establecidos por la Ley ha tenido como consecuencias, la limitación del ejercicio del derecho a la educación por parte de los ciudadanos y ciudadanas, debido a:

La Limitación de la Asequibilidad a la educación por insuficiencia de instituciones, recursos físicos, personal y programas educacionales en cantidad y calidad suficientes,

Restricciones a la Accesibilidad impidiendo que la educación sea accesible para todos(as) física y económicamente sin discriminación,

Problemas de Aceptabilidad debido a que una gran cantidad de escuelas y centros educativos no cumplen con los estándares mínimos para el proceso enseñanza- aprendizaje,

Problemas de Adaptabilidad por la existencia de una educación poco flexible e incapaz de responder a las necesidades de los y las estudiantes dentro de diversos ambientes sociales y culturales y,

Poca Responsabilidad o Rendición de Cuentas (Accountability), por las limitaciones de los usuarios (as) y los ciudadanos (as) para supervisar y exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.

En definitiva podemos concluir afirmando que, el incumplimiento por parte del Estado de su responsabilidad en cuanto a garantizar el financiamiento a la educación en República Dominicana, constituye un serio obstáculo al pleno ejercicio del derecho a la educación, lo cual se traduce en la violación de las disposiciones constitucionales y adjetivas mencionadas anteriormente.

Distinguidas y distinguidos integrantes del Consejo Nacional de Educación, máximo organismo de decisión en materia de política educativa, como contribución al gran compromiso político y social por la educación que recientemente ha sido asumido por todos los candidatos presidenciales y centenares de organizaciones sociales, ustedes tienen la oportunidad de sumarse a este noble movimiento, es tiempo ya de que saldemos nuestra deuda histórica con la educación.

Tomado de: http://www.acento.com.do/index.php/news/7132/56/Consejo-de-Educacion-aprueba-solicitar-al-Gobierno-el-4-09-del-PIB-para-la-educacion.html

 

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Acerca de Coalición Educación Digna

La coalición por la educación digna es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones y activistas que piden mediante acciones cívicas y pacificas, que se cumpla de una buena vez con la LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, la que establece que el 4% del PIB en el presupuesto nacional sea destinado en inversión a la educación. Con el arma de un paraguas y sombrillas amarillas (el cual usan para cubrirse del sol) en la mano que reza 4% para la educación, un conjunto de organizaciones y activistas iniciaron su cruzada de respeto a la ley, ha esta se han sumado un sin numero de ciudadanos de toda índole que se han vuelto en una avalancha ciudadana. Más Información: Educacióndignard@gmail.com

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