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La estrategia Nacional de desarrollo debe fortalecer los derechos, nunca hacerlos regresivos

Lo primero que la CED quiere resaltar es que la END, debe expresamente de manera clara y concisa lo que es el mandato constitucional del Estado en materia de educación: “Garantizar la Educación Pública Gratuita” (artículo 63, párrafo 3 de la Constitución Dominicana). El lenguaje de derechos no puede estar ausente cuando se habla de educación y consideramos que ese debe ser el punto de partida para todas las consideraciones que se debaten en el documento de la END.

En tal virtud, vamos a compartir algunas consideraciones, fruto del consenso entre diferentes actores comprometidos con el objetivo central de contar con una Educación Digna, que apoye el camino hacia la igualdad y la justicia social en República Dominicana.

Comenzamos reseñando que en el Objetivo 2.1.1 se menciona la equidad de género, pero no se expresa como tal en las líneas de acción. Aun cuando el marco de la estrategia general contemple como un enfoque o política transversal, esto debe expresarse en términos más concretos de líneas de acción. Además se debe tomar en cuenta en las metas intermedias los avances relacionados al tema de género.

En lo relativo al objetivo específico 2.1.1.1, sólo se contempla el trabajo con los y las docentes, pero consideramos necesario incluir un objetivo vinculado a los/las formadores/as de docentes.  Las Universidades y el ISFODOSU (Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña) tienen la responsabilidad de esta formación y tienen que estar acorde con lo que se espera que transmitan a los-as docentes.

Cuando la END habla de, “Incentivar la competencia en la oferta educativa pública y privada, mediante asignaciones de fondos basadas en la calidad de la enseñanza y focalización del gasto basada en la demanda” (objetivo específico 2.1.1.11), se puede colegir un mandato expreso a dejar al juego de la oferta y la demanda del mercado el derecho a la educación. Consideramos que esto es contraproducente en un “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Los postulados de la END deben dejar claro que la participación del sector privado en la educación tiene que ir orientada al fortalecimiento del sector público y nunca estimular la privatización paulatina de la educación. Las estrategias de la END, por el contrario, tienen que ir orientadas a detener la tan amplia expansión de la privatización de la educación que se ha desarrollado en los últimos años a través de la construcción de una escuela pública de calidad, a la altura de los más altos estándares que desincentive la incorporación “obligada” en la escuela privada. (objetivos de la línea 2.1.1.14).

El objetivo 2.1.2.2, solo se contempla la dificultad de aprendizaje, pero también existen otras necesidades que podrían limitar el aprendizaje y están referidas NNA con necesidades educativas especiales. En ese sentido la END debe explicitar objetivos concretos relacionados con otras situaciones asociadas a personas con capacidades diferentes física-motoras y de salud mental, por considerar algunas.

Si bien se hace referencia a la “diversificación de la oferta educativa, incluyendo la educación técnico-profesional y la escolarización de adultos” (objetivos de la línea 2.1.2.3), no se menciona explícitamente, la obligación del Estado con la educación de personas con necesidades especiales y con condiciones excepcionales como muy bien se establece en el artículo 63, párrafo 6 de la Constitución.

El derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, tiene que ser la línea política expresa en el desarrollo de la educación dominicana en los términos que lo propone la END, de manera que reforcemos los avances constitucionales en materia de derecho y no que construyamos una  República Dominicana cimentada sobre unas raíces de desigualdad. En ese sentido, el fortalecimiento de la educación pública tiene necesariamente que estar atravesada por una inversión suficiente, constante y progresiva, como lo establece la constitución.

En lo relativo a los indicadores planteado en el objetivo de educación, queremos comentar el tratamiento de los siguientes indicadores nos llaman la atención:

1)      En la tasa neta de cobertura educación nivel básica (2.9) se debe trabajar además la tasa de culminación del nivel. Es bien conocido que muchos-as estudiantes ingresan al nivel, pero por diversas causas económicas y sociales no logran terminar.

2)      Las metas del nivel medio (2.10) deben también aspirar a resolverse en un 100%. Así lo dice la constitución que plantea una educación media universal.

3)      En lo relativo al indicador Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de primaria en la prueba de lectura LLECE/UNESCO (2.12), algunos-as especialistas consultados-as por nosotros-as recomiendan que lo mejor es colocar la meta en términos de % de estudiantes x nivel de desempeño con el objetivo de ir disminuyendo el % de estudiantes en los niveles más bajos.

4)      En el indicador relacionado con los años de escolaridad (2.18), en la END se coloca que actualmente el promedio de años de escolaridad es de 9.4, esto porque reducen la edad de la población entre 25 y 39 años. Sin embargo, el informe de Desarrollo  humano 2010, que toma una base poblacional más amplia, coloca ese valor en 6.9. Esa delimitación del límite superior de la edad a considerar, es una reducción del problema y consideramos que debe trabajarse la dificultad en toda su amplitud.

5)      Respecto al analfabetismo (2.19) se coloca una aspiración el 2030 de menos del 4%. Aún cuando conocemos que es una meta muy difícil en las condiciones actuales de inversión y estrategia, la CED propone que nuestra meta debe ser 0% de analfabetismo en 2030. Otros países de la región lo han logrado.

6)      En lo relacionado con las metas de financiamiento en educación, el otorgamiento de un presupuesto para educación de un 4% a ser alcanzado en el 2015, fortalece que la privatización gane terreno y aleja las posibilidades de que la educación se concretice como un derecho otorgado en términos reales. La CED plantea que el 4% debe ser la base inicial tomando como punto de partida el año 2012 e ir aumentando paulatinamente hasta alcanzar un 8% en el 2030. Es importante que se visualicen en ese sentido los indicadores como son en términos reales y al tomar como año base 2009 con un 2.2% de gasto en educación, se coloca el gasto funcional y no el relativo a la educación pre-universitaria. La CED propone que se actualice la línea base al 2010 y se coloque como valor el 1.98% que es lo que realmente se asignó a la MINERD.

Además de lo expresado anteriormente, la CED propone que el pacto que reseña la propuesta (artículo 34) de ley debe ratificar los planes decenales y estratégicos existentes. Hacer un nuevo pacto ignorando los anteriores para nada desarrolla confianza en la veracidad del mismo. Sugerimos que la ratificación de los pactos, sean en el marco de la de manera que el sistema educativo no se convierta en un mecanismo competitivo que genere mayor desigualdad.

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Acerca de Coalición Educación Digna

La coalición por la educación digna es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones y activistas que piden mediante acciones cívicas y pacificas, que se cumpla de una buena vez con la LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, la que establece que el 4% del PIB en el presupuesto nacional sea destinado en inversión a la educación. Con el arma de un paraguas y sombrillas amarillas (el cual usan para cubrirse del sol) en la mano que reza 4% para la educación, un conjunto de organizaciones y activistas iniciaron su cruzada de respeto a la ley, ha esta se han sumado un sin numero de ciudadanos de toda índole que se han vuelto en una avalancha ciudadana. Más Información: Educacióndignard@gmail.com

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