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Por qué una lucha por Educación Digna

Desde la Coalición Educación Digna (CED) presentamos este breve documento como herramienta que contiene los lineamientos fundamentales de nuestra posición. Este documento fue construido a partir de uno más extenso que contiene en detalle lo expuesto en este resumen.

Desde la CED entendemos que la ausencia de educación y las consecuencias que esta trae, se constituye en un muro que obstaculiza el ejercicio de un Estado de derecho e impide que la sociedad en su conjunto actúe bajo una verdadera definición de libertad, fundamental para el disfrute de la felicidad.

Partimos del hecho de que la educación es un derecho consagrado por las naciones:

  • Art. 26 Declaración Universal de los Derechos Humanos,
  • Art. XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
  • Art. 13 y 14 de la Declaración de los Derechos Económicos Sociales y Culturales,
  • Art. 10 de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer,
  • Art. 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Educación además en el plano nacional, es un derecho consagrado en el artículo 63 de la Constitución dominicana: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. 

Impulsamos a que el gobierno dominicano ponga todos los medios necesarios, y eso incluye inversión financiera, para garantizar este derecho y nuestra consigna principal en este momento es que se cumpla con la Ley General de Educación 66-97 que obliga a dedicar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. Con ello busca defender la gestión pública de la política educativa, la cual debe convertir la escuela, tal y como plantea la ley 66-97, en un espacio para “formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria; aptos para cuestionarla en forma permanente; que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, para contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo” (comillas nuestras) (Ley General de Educación 66-97, 1997).

La importancia de la educación parece estar universalmente aceptada como un determinante en la inclusión social.

Respecto a la inversión del Estado, el numeral 10 del artículo 63 de la Constitución sostiene que: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas”.

La ley General de Educación establece en el Título X, Art. 197: ” El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos (…)”[1].

Esta demanda fue incluida en el Plan Decenal de Educación 2008-2018, el cual se presenta como un instrumento de trabajo en procura de la excelencia educativa.

Por su parte, la demanda de la sociedad dominicana por el mejoramiento de la inversión y la calidad educativa recupera el plan que la sociedad y el Estado se han dado en relación a enfrentar los retos de la realidad educativa.

La Secretaría de Estado de Educación[2], la Secretaría de Estado de Educación Superior[3], Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional elaboraron este nuevo Plan Decenal que incorpora los diferentes subsistemas de la educación que se ofrece en todos los niveles y en todas las modalidades, convirtiéndose éste en la plataforma estructural de todo el sistema educativo. El Plan se planteó como visión el que “todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a una educación pertinente y de calidad (…)”[4].

El Plan Decenal afirma que en los últimos 36 años, el país ha tenido el más rápido crecimiento de América Latina, pero su gasto en educación ha sido menos de la mitad del gasto regional y menos de la tercera parte del gasto en educación entre los países insulares del Caribe. Desde 1970 el gasto anual en educación en la República Dominicana no ha superado nunca el 3% del PIB, promediando cerca del 2%.

La falta de recursos económicos para la educación ha impedido, entre otras cosas, una mejoría sustancial de la tasa de analfabetismo, situación que atenta contra todos los derechos consignados en las leyes y en la Constitución Dominicana, ya que la privación de saber leer o escribir hace que el ser humano se integre a la sociedad con desventajas para participar, tomar decisiones colectivas y actuar de manera crítica frente a lo que pasa en su entorno. De hecho, todavía hay un 11.70% de población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir.  Se trata de personas que no pueden distinguir una letra de otra. No pueden leer un poema, la biblia, una carta, un título de propiedad. Son personas que dependen de otros para conocer lo que está escrito. Que deben confiar en su memoria porque no pueden escribir una nota ni un número telefónico.

Además, el Plan Decenal muestra que todavía existe una diferencia importante entre el número de años de inscripción en la escuela y los años de escolaridad, la cual se explica por los índices de repitencia y abandono que caracterizan el sistema. Esos índices de repitencia y abandono conducen a altas tasas de sobreedad y bajas tasas de graduación. En el 2007/08 la tasa de sobreedad en el nivel básico y medio era de 17.59% y 26.9%, respectivamente. La tasa de deserción para los años 2005-2006 fue de 6.9 y 11.20 para los niveles básicos y media, respectivamente. Esta última especialmente grave, pues en general está motivada, aunque existen diversas razones, por la competencia que genera que los adolescentes y jóvenes deban recurrir al mercado laboral y la falta de ofertas diversificadas de la escuela dominicana en dicho nivel. Por lo tanto, el número de años de escolaridad promedio de la población mayor de 15 años es de 8 años, según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT).

En cuanto a la población docente, el Ministerio de Educación en el año lectivo 2005-2006 muestra que sólo un 57% de los profesores tenía un título de licenciatura o más. Según la estimación de la Encuesta Gallup- EDUCA 2005, el tiempo de docencia efectiva en los planteles públicos era de 2 horas 36 minutos, equivalente al 52% de las 5 horas programadas. Si agregamos estas dos deficiencias (calidad del docente y horas efectivas) aceptamos la certeza de los resultados que nos colocan muy por debajo del promedio de todos los países latinoamericanos en términos de calidad.

En el año 2006, el país se sometió a una evaluación comparativa en la Región  (elaborado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la OREALC/UNESCO)[5]. Y en el año 2009, el país participó de la prueba piloto del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés). Los rezagos en materia de educación salen a relucir en todos los niveles y en todas las variantes: somos el país latinoamericano con el peor desempeño en lectura, ciencias y matemáticas.

Un indicador del impacto del sistema educativo puede leerse en lo que a la competitividad del país refiere. Como resultados de la calidad de la educación primaria, por ejemplo, el país ha obtenido la posición 137 de 139 países para el año 2011.

Objetivos del país en cuanto a la educación vs debilidad de la inversión

La Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual del Sector Publico[6] proponen varios ejes temáticos para lograr la Visión País[7]. El eje correspondiente al ámbito educativo (Eje 2: una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad) se plantea como objetivo general la “Educación de calidad para todos y todas”, y dos objetivos específicos:

  1. Implantar un sistema educativo de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio de ciudadanía responsable.
  2. Universalizar la educación desde el nivel preescolar hasta el nivel medio.

Vemos que estos objetivos condicen con lo expresado en la Ley General de Educación, y están previstos en el Plan Decenal de Educación.

En Republica Dominicana, la inversión en educación no sólo no ha alcanzado el cumplimiento de la Ley 66-97, sino que incluso no logra posicionarse en la mitad del nivel de inversión previsto, estando para el 2011 en el 1.98% del PIB. Esto evidentemente compromete el cumplimiento de los objetivos que nos hemos dado como país en los diversos planes que se han diseñado e implementado.

Ante la incapacidad estatal para garantizar el derecho a la educación, la respuesta social en consecuencia es destinar recursos privados (gasto de bolsillo) para la educación. Sumando el gasto privado en educación preuniversitaria (UNESCO; Morduchowicz & Duro, 2007) (1.86% del PIB para el 2007 –último dato disponible) y la inversión pública en educación se alcanza ajustadamente al 4% del PIB previsto legalmente como inversión pública. Cabe destacar que el gasto privado para Latinoamérica y el Caribe durante 1999-2010 promedia el 1.32%. Esta “privatización forzosa”[8] de la educación viola claramente los DESC y la Constitución, ya que ambas establecen la gratuidad de la enseñanza primaria y que se deberá tender a la gratuidad en todos sus niveles.

Como se mencionó anteriormente, la Ley General de Educación establece que el importe de inversión en el sector deberá ajustarse al 4% del PIB o al 16% del Gasto Total según cuál sea mayor. Para la década pasada entera, este importe siempre debió haberse correspondido con el 4% del PIB, por haber resultado mayor. Por otra parte, el Plan Decenal de Educación 2008-2018 fija que el financiamiento educativo debe contar “con un incremento progresivo y sostenido del financiamiento público.”

Sin embargo ya habiendo transcurrido 3 años de vigencia del Plan, aún se encuentra a 0.7 puntos porcentuales debajo del objetivo establecido para el primer año (en 2009, el porcentaje a alcanzar del PIB era de 2.67). Si seguimos la tendencia lineal de la ejecución del periodo 2004-2010 nos lleva a que en el 2013 invertiríamos el 2.05% del PIB. El presupuesto aprobado para el 2011, suponiendo una ejecución completa del mismo, no cambia la tendencia.

Ahora bien, la inversión en educación sobre el PIB y sobre el Gasto Público Total no son las únicas formas de medir el esfuerzo financiero de un país para con su sector educativo. Una forma complementaria es medir el gasto por alumno, de esta forma se toma en cuenta como se distribuyen los fondos con respecto a la cantidad de personas que reciben educación. En el año 2008, el gasto por estudiante para República Dominicana alcanza a US$ 606 a paridad de poder adquisitivo (PPA 2005) para el nivel básico y a US$ 530 (PPA 2005) para el nivel medio (UNESCO – Instituto de Estadística, 2011). Con estas cifras, vemos que el país invierte aproximadamente la mitad que el promedio regional (el promedio simple de los países de la región asciende a US$1,112 y US$1,177 respectivamente). Esto significa que pese al crecimiento del PIB per cápita observado, no se han realizado esfuerzos nacionales en temática de financiamiento educativo.

Conclusiones: nuestro reclamo

 

La inversión en educación nunca ha completado los mandatos legales, ya que no ha alcanzado el valor mínimo de inversión con respecto al PIB o al gasto total según corresponda. Ni siquiera ha alcanzado las metas que posteriormente se han establecido en los planes decenales y estratégicos que han establecido procesos graduales para alcanzar lo planteado en la ley 66-97.

Mundialmente, y RD no es una excepción, el componente educativo más fuerte es la educación formal, entendida ésta como la que se imparte en una escuela u otras del mismo tenor. De esta manera “los ingredientes” para generar educación son los mismos: escuelas, maestros/as, bancos, pizarras, libros, materiales educativos, entre otros recursos. El financiamiento, sin pretender abarcar todos los componentes, no es más que el que permite afrontar el costeo de estos insumos necesarios, aunque no suficientes, para la educación. Es por ello que se pueden comparar estos insumos y sus respectivos costos a nivel mundial.

Existen cuatro indicadores que permiten establecer comparaciones a nivel mundial y que son: a) inversión en educación con respecto al PIB, b) inversión en educación con respecto al gasto total, c) gasto por alumno y d) gasto por alumno con respecto al PIB per cápita, muestran que :

1)      RD no cumple con su propia Ley y se encuentra a sólo 2 puestos del último lugar de la lista de los países latinoamericanos y caribeños.

2)      en cuanto al gasto por alumno/a y gasto por alumno/a con respecto al PIB per cápita, el país también se encuentra en los últimos lugares.

Ahora bien, estos indicadores no dan cuenta de la situación de exclusión de aquellos/as niños/as y adolescentes que están fuera de la escuela, ni de los esfuerzos extraordinarios que deberían realizar aquellos países que cuentan con mayor proporción de población joven. Para ello se realiza el índice de esfuerzo financiero resignificado, en el cual se demuestra que la situación de financiamiento educativo de República Dominicana es aún más acuciante, ya que se encuentra para el nivel básico y medio en el anteúltimo y último lugar respectivamente.

En nuestro país, de acuerdo a lo que nos plantea el Boletín 1 del Observatorio de Presupuesto Educativo, “la baja inversión de las últimas tres décadas ha ocasionado una pérdida sustantiva de las oportunidades educativas de varios segmentos de la población dominicana. Para el año escolar 2008-2009, de cada 100 niños y niñas de 5 años de edad, 25 todavía no habían iniciado su proceso de escolaridad y éste dato se incrementa para la población comprendida entre 3 y 5 años ya que de 100 niños y niñas, 52 no han iniciado su escolarización. (MINERD, 2010). Según estimaciones basadas en cifras oficiales, 363 mil niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años no asisten a la escuela actualmente. (Ceara, 2011). Esta situación es una clara violación a los derechos humanos de esta población, y especialmente a su derecho a la educación, ya que tanto las leyes nacionales como los convenios internacionales prescriben la obligatoriedad del Estado de garantizar este derecho de toda la población”.

Si no comienza a resolverse la inclusión ahora, cada vez el problema será más grande, porque la educación es un derecho para toda la vida, no sólo de los/as niños/as de ese grupo etario.

Por último quedó demostrado estadísticamente que los rendimientos en las evaluaciones internacionales están directamente relacionados con la inversión en educación hasta un umbral de US$5,000 (PPA 2005) por alumno/a. En República Dominicana, la inversión es de US$606 (PPA 2005) por estudiante, por lo que aún hace falta mucha inversión que realizar para aumentar los resultados académicos de los/as niños/as que ya forman parte del sistema educativo, sin contar aquellos que aún no han sido incluidos.

El 4% del PIB para la educación es una necesidad nacional para garantizar la vida digna de la gente.


[1] Op. Cit. SEE, 1997. Pág.69

[2] Hoy Ministerio de Educación

[3] Hoy ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

[4] En el año escolar 2007-2008 se estimaba en 2.5 millones la matriculación total, de los cuales el 69% estaba en la educación básica, el 23% en media y el 9% en inicial (SEEPyD, 2009).

[5] Ibíd. UNESCO.

[6] El Plan Nacional Plurianual para el Sector Público (PNPSP), más conocido como Presupuesto Plurianual, es un mecanismo establecido por la Ley 498-06 y reafirmado en la Constitución. Su objetivo es guiar una estrategia a mediano plazo que articule la Estrategia de Desarrollo y el Presupuesto anual. Este Plan se actualiza anualmente y se realiza para un periodo de 4 años.

[7] La Visión País plantea que para el año 2030 la “República Dominicana es un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportunidades, en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable e inserción competitiva en la economía global, y que aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y sostenible” (Documento base de la Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030- Un viaje de transformación hacia un país mejor-Ministerio de Econmía, Planificación y Desarrollo-Consejo Nacional de Reforma del Estado).

[8] Se entiende como privatización forzosa aquella resultante de la necesidad de cubrir de forma particular un servicio que debería ser público. Para más información véase http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=35232

Versión WORD

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Acerca de Coalición Educación Digna

La coalición por la educación digna es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones y activistas que piden mediante acciones cívicas y pacificas, que se cumpla de una buena vez con la LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, la que establece que el 4% del PIB en el presupuesto nacional sea destinado en inversión a la educación. Con el arma de un paraguas y sombrillas amarillas (el cual usan para cubrirse del sol) en la mano que reza 4% para la educación, un conjunto de organizaciones y activistas iniciaron su cruzada de respeto a la ley, ha esta se han sumado un sin numero de ciudadanos de toda índole que se han vuelto en una avalancha ciudadana. Más Información: Educacióndignard@gmail.com

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