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La deuda legal acumulada del Estado y del Gobierno con la educación es de RD$281,666.6 millones.

Econ. Airon Fernández

NO ES EL 4% DEL PIB QUE EL GOBIERNO DEBE INVERTIR EN LA EDUCACION EN EL 2011, SINO EL 4.2%; UN MONTO ADICIONAL DE CASI RD$5,000 MILLONES.
La deuda legal acumulada del Estado y del Gobierno con la educación, durante el período 1999-2010, es de RD$281,666.6 millones.

La Constitución dominicana, en su artículo 63, sobre el Derecho a la educación, inciso 10, establece lo siguiente: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas”. Más concretamente, la Ley General de Educación No. 66-97, en su artículo 197, establece: “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI)”. Por lo tanto, sobre la base de lo antes señalado, se entiende que:
La Constitución y la Ley correctamente previeron que cada peso que se invertiría en la educación perdería su poder adquisitivo, a causa de la inflación que se registre anualmente; por lo que las mismas dictan, en consonancia con el carácter de prioridad que le confieren a la educación, que el gasto en educación, además de ser creciente conforme crezca el PIB (a precios crecientes) por medio de un porcentaje mínimo, debe también ser ajustado por la inflación anual registrada, para que así éste  mantenga su valor real. La Ley establece taxativamente que el 4% del PIB para la educación debió alcanzarse en dos años a partir de su promulgación. Como esta Ley fue promulgada en abril del año 1997, se deduce que el 4% del PIB debió consignarse a más tardar en el Presupuesto Nacional del año 1999; cuyo valor, antes de consignar el gasto en educación para el año 2000,  debió ser ajustado  por la inflación registrada en el año 1999 y la diferencia, entre el valor invertido ajustado y el valor invertido no ajustado por la inflación registrada en ese año, daba como resultado un monto adicional que debió sumarse al valor del Porcentaje Mínimo no Ajustado[1] (4%) del PIB estimado para el año 2000, independientemente de que este valor no ajustado se incremente, como consecuencia del crecimiento del PIB; resultando así, en un gasto y porcentaje correspondiente para la educación en el año 2000 algo mayor al 4% que en principio establece la Ley. Lo mismo debió hacerse en todos los años a partir del año 2000.

EL AJUSTE POR INFLACION CON DATOS REALES.
Veamos un ejemplo con datos reales del año 2000 (año en que se debió comenzar a hacer el ajuste por la inflación):
¿La inversión en educación que debió ser realizada en el año 2000 era de un 4% del PIB?  No, debió ser algo mayor. Al monto de RD$15,532.1 millones, correspondiente al Porcentaje Mínimo no Ajustado (4%) del PIB (a precios corrientes) de ese año, debió sumársele el monto en que se depreciaría la suma que debió invertirse en el año 1999, la cual debió ser de RD$13,749.8 millones. Según datos del Banco Central, la inflación registrada en 1999 fue de 5.10%, por lo que el gasto en educación en 1999 debió ser ajustado por esa inflación, a través del Multiplicador de Ajuste por Inflación[2]. Como resultado,  el gasto invertido en 1999 de RD$13,749.8 millones, se depreció en RD$701.4 millones, suma que no es más que la diferencia entre el monto invertido ajustado por la inflación menos el monto invertido no ajustado por la inflación (RD$14,451.2 millones – RD$13,749.8 millones). Por ende, al monto que en principio debió ser invertido en la educación en el año 2000 (4% del PIB) de RD$15,532.1 millones, debió sumársele el monto en que se depreciaría el gasto mínimo que debió ser destinado a la educación en 1999 (RD$701.4 millones), por lo que el gasto que debió ser invertido realmente en el año 2000 ascendía a RD$16,233.5 millones (RD$15,532.1 millones + RD$701.4 millones), valor que se encuentra al aplicar una fórmula[3] que incluye la inflación del período. Este gasto, según la fórmula aplicada, representaría un 4.2% del PIB del año 2000. (Ver en Anexos, la Tabla No. 1; años 1999 y 2000). Por lo tanto, la inversión en educación en el 2000, debió ser incrementada en un 0.2% del PIB por encima del 4%, por el ajuste por la inflación anual registrada; lo cual, evidencia la pertinencia de aplicar previamente cada año, el referido ajuste, para lograr una objetiva aplicación de dicha Ley.

Se comprende entonces, en virtud de lo establecido por la Constitución, la Ley y el análisis antes indicado, que a partir del año 2000, los montos y sus porcentajes correspondientes que debían invertirse (y exigirse) para la educación ya no eran necesariamente de un mínimo de 4% del PIB, sino de ese porcentaje, más el porcentaje adicional del PIB que resulta del nivel de inflación anual registrado; convirtiéndose así obviamente en un porcentaje mínimo mayor al 4% que en principio contempla la Ley.
PORCENTAJE DEL PIB QUE EL GOBIERNO DEBIÓ ASIGNAR A LA EDUCACION EN EL AÑO 2011.
Considerando el ejemplo anterior, se logra determinar el porcentaje que el Gobierno realmente debió consignar para la educación en el Presupuesto Nacional del 2011. Veamos:
Según el Banco Central, el PIB (a precios corrientes) estimado para este año es de DOS BILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE PUNTO NUEVE MILLONES DE PESOS (RD$2,115,307.9 millones). El 4% de este PIB es RD$84,612.3 millones.  El gasto que debió asignarse a la educación en 2010, tomando en cuenta el ajuste por la inflación anual de ley, debió ser de RD$80,124.4 millones.

La inflación registrada para el año 2010 fue de 6.24%, por lo que el monto en que se depreciaría el gasto que debió ser asignado a la educación en el 2010 fue de RD$4,998.4 millones.[4] Dicho esto, el monto que realmente debió ser invertido en el 2011 es de RD$89,610.7 millones (RD$84,612.3 millones + RD$4,998.4 millones), equivalente a 4.2% del PIB estimado para este año. (Ver la Tabla No. 1; años 2010 y 2011). Un 0.2% adicional del PIB podría parecer insignificante; sin embargo, no es así, ya que como vimos representa un monto adicional de RD$4,998.4 millones. (Vale decir que el porcentaje mínimo del PIB que el Gobierno deberá invertir en la educación en el año 2012, dependerá de la inflación que se registre en el año 2011; mientras tanto, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre de este año es, según el Banco Central, de 4.55%).
En cambio, la realidad es que el porcentaje del PIB asignado a la educación en el Presupuesto Nacional de 2011 es apenas de un 2.3%, equivalente a RD$47,917 millones. Por lo que la diferencia entre lo que debió ser presupuestado y lo que finalmente se aprobó en el Presupuesto de este año es de 1.9% del PIB, equivalente a RD$41,693.7 millones; es decir, el Gobierno dejó de invertir un 45.2% de lo que realmente debía ser invertido; lo cual, representa una franca violación a la Constitución y la Ley  General de Educación No. 66-97.
MONTOS y PORCENTAJES MIMIMOS DEL PIB QUE LOS GOBIERNOS DEBIERON CONSIGNAR PARA LA EDUCACION EN EL PERIODO 1999-2011.


Desde el 1999 al 2011 (trece años), si se aplicara parcialmente la Ley; es decir, si sólo se aplicara el 4% del PIB (a precios corrientes), se debía consignar para educación la suma de RD$559,374.5 millones; pero si se hubiera aplicado plenamente, es decir, considerando el ajuste por inflación anual de ley, el gasto total que los Gobiernos debieron destinar a la educación durante ese período de trece años, sería de RD$613,342.8 millones, RD$53,968.3 millones adicionales. (Ver en Anexos, en la Tabla No. 1: sumatoria de las columnas B, E y F). Cabe señalar que el gasto que los Gobiernos debieron destinar a la educación en los años 2004 y 2005 sobrepasaba el 5% del PIB, por la inflación registrada en los años 2003 y 2004 (Ver en Anexos, en la Tabla No. 1: columna G, años 2004 y 2005).

DEUDA LEGAL ACUMULADA DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO CON LA EDUCACION EN EL PERIODO 1999-2010.

Según datos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), el gasto total en educación, ejecutado por los Gobiernos entre los años 1999 y 2010, fue de $RD242,065.4 millones. Sin embargo, en base a la Constitución y la Ley, el gasto total en educación que los Gobiernos debieron ejecutar en ese período, ascendía a RD$523,732 millones; por lo tanto, la deuda legal acumulada del los Gobiernos y, por ende, del Estado con la educación, durante el período 1999-2010, es de RD$281,666.6 millones; al tipo de cambio actual, equivale a poco más de US$7,400 millones. (Ver en Anexos, en la Tabla No. 2: sumatoria de las columnas B, C y F). Por lo tanto, los Gobiernos sólo gastaron en la educación un 46.2% de lo que, con apego al marco legal, debían gastar; es decir, los Gobiernos dejaron de invertir en educación el 53.8% de lo que debió ser invertido en el período. ¿Quién responde por esa deuda? ¿Cuántas cosas más se pudieron haber hecho en aras de una mayor y mejor educación con esa cantidad de dinero que los Gobiernos se negaron a erogar?Esta situación, es una de las principales explicaciones por las cuales en los estudios internacionales la República Dominicana ocupa siempre los peores lugares en términos de educación. Y por otro lado, esta situación ha contribuido (y al parecer seguirá siendo así) a que la gran mayoría de los dominicanos reciban una educación de pésima calidad y sean mantenidos en un estado de subdesarrollo.
LA CIUDADANIA Y LA VIOLACION SISTEMATICA DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES.
La Ley General de Educación fue promulgada en el año 1997 y ha sido y es objeto de violación sistemática por todos los Gobiernos; demostrando así, su desinterés por un tipo de inversión social fundamental, la cual  contribuiría a combatir eficazmente la pobreza y, con ello, coadyuvaría a conseguir el verdadero desarrollo humano.
Como hemos visto en este y otros casos, los poderes del Estado no sólo violan la Ley, sino, sobre todo, la Constitución; lo que es más grave y pone en cuestionamiento la legitimidad de quienes detentan esos poderes. Esta situación, a su vez, confirma la necesidad de que la ciudadanía se empodere cada vez más, para exigir y hacer cumplir sus legítimos derechos.
Los dominicanos tenemos el derecho a exigir que año tras año se cumpla con el porcentaje mínimo del PIB (ajustado por la inflación) para la educación y que éste también sea incrementado lo suficiente en términos de los requerimientos reales y crecientes de la demanda educativa a todos los niveles; así por lo menos, se contaría con los recursos económicos suficientes para la adopción de una verdadera política sostenible de desarrollo educativo, sobre la base de la implementación de una correcta, inteligente y continua planificación (de la que también los Gobiernos han carecido y carecen, por la falta de voluntad política, lo cual hace más complejo el problema).

Este derecho, además de ser constitucional y legal, es también justo, lógico y de alto interés social, si se toma en cuenta la gran deuda social acumulada que tiene el Estado  con el Pueblo dominicano y, también, si se considera el valor que se le atribuye al conocimiento en la etapa actual de la humanidad (la llamada Sociedad del Conocimiento; para la cual, paradójicamente, el Señor Presidente ha dicho que la República Dominicana se está preparando).
Reivindicar también la Constitución en la lucha por el 4%, más bien por el 4.2% (como ya se explicó), es de suma importancia. Modificar la Constitución es más difícil, ya que para ello se necesitaría una Reforma Constitucional y un Referéndum Aprobatorio (por ser la educación un derecho fundamental); mientras que deshacerse de una ley orgánica, como la Ley de Educación que nos ocupa, es menos difícil: esta puede ser anulada o modificada con dos terceras partes del Congreso Nacional, a través de  la promulgación de una nueva ley que la derogue o modifique (esto así, si no se violan, una vez más, los procedimientos constitucionales, como hizo la triste Cámara de Diputados, cuando aprobó  la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura con mayoría simple, cuando debió ser con las dos terceras partes).
La lucha actual por el 4.2%  del PIB para la Educación debe basarse en la exigencia de que se cumplan la Constitución y la Ley.
 
Notas:
[1] Llámese Porcentaje Mínimo no Ajustado, al porcentaje que no ha sido ajustado  (aumentado) por el nivel de inflación anual que se registre (Ver en Anexos, en la Tabla No. 1: columnas B y G).
[2] El Multiplicador de Ajuste por Inflación no es más que un coeficiente, cuya fórmula es: [1+(Inflación÷100)]; el cual se multiplica por una variable (en este caso la variable es el Gasto Público en Educación) determinada para ajustarla (incrementarla) por la inflación registrada en determinado período de tiempo, para que ésta no pierda su valor real, es decir, no se deprecie.
[3] La indicada fórmula responde a: {VNA + [(VAIt-1 × MAIt-1) – VAIt-1]}, donde:
         VNA= Valor del Gasto No Ajustado (4% del PIB a precios corrientes)
         VAIt-1= Valor del Gasto Ajustado del año anterior.
         MAIt-1= Multiplicador de Ajuste por Inflación del año anterior.
         VAIt-1 × MAIt-1 = Valor del Gasto Ajustado del año anterior, ajustado por la 
                                 Inflación registrada en ese año.
Con esta fórmula, no hacemos más que sumar al valor del porcentaje no ajustado (4% del PIB) del año siguiente, el monto en que se depreció el gasto que debía asignarse a educación en el año anterior, como consecuencia de la inflación registrada en ese año.                
[4] [(Monto Invertido en 2010 × Multiplicador de Ajuste por Inflación) – Monto Invertido en 2010]= [(RD$80,124.4 millones × 1.0624) – RD$80,124.4 millones]= RD$4,998.4 millones. 

  • Por: Airon Fernández.
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Acerca de Coalición Educación Digna

La coalición por la educación digna es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones y activistas que piden mediante acciones cívicas y pacificas, que se cumpla de una buena vez con la LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, la que establece que el 4% del PIB en el presupuesto nacional sea destinado en inversión a la educación. Con el arma de un paraguas y sombrillas amarillas (el cual usan para cubrirse del sol) en la mano que reza 4% para la educación, un conjunto de organizaciones y activistas iniciaron su cruzada de respeto a la ley, ha esta se han sumado un sin numero de ciudadanos de toda índole que se han vuelto en una avalancha ciudadana. Más Información: Educacióndignard@gmail.com

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