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Un pacto por un mejor presupuesto

“No conviene festinar ahora la aprobación del presupuesto del 2011, cerrando las puertas a otras opciones que bien pudieran ser acordadas mediante un pacto entre los partidos representados en el Congreso.”

En estos momentos hay claro consenso nacional en que es preciso destinar más dinero a la educación y que esa inversión debe estar dirigida, esencialmente, a mejorar y elevar la calidad de la enseñanza a todos los niveles en nuestro país.

La ley que consagra el 4 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación ha sido temporalmente reformada en ese aspecto, y esta decisión del Senado ha introducido un ingrediente de conflicto al proceso de búsqueda de las mejores alternativas para darle preeminencia a esta prioridad.

No conviene, por tanto, festinar ahora la aprobación del presupuesto del 2011, cerrando las puertas a otras opciones que bien pudieran ser acordadas mediante un pacto entre los partidos representados en el Congreso, para que lleguemos a ese objetivo del 4 por ciento, aún reconociendo las limitaciones reales que impiden cumplir a cabalidad, ahora, la ley 66-97.

Lo deseable es que la Cámara de Diputados aplace su sesión de hoy en la que conocerá el ya controversial presupuesto y abra con ello un paréntesis vital e impostergable a la negociación de ese pacto, diríamos, de ese gran compromiso de las fuerzas políticas del país para asegurar a la educación, de manera progresiva, en el corto plazo, los recursos que necesita como fuente y motor indiscutible de nuestro desarrollo.

Esto es de alto interés nacional. Y constituiría un retroceso que echásemos por la borda una conquista tan fundamental si, paradójicamente, todo el mundo está de acuerdo con ella, politizando irrazonablemente el debate alrededor de este tema.

En otros momentos delicados, en los que se han puesto en juego verdaderas prioridades nacionales, esas mismas fuerzas han sabido encontrar los llamados ¨bajaderos¨ o salidas jurídicas o institucionales a situaciones que parecían insalvables.

No creemos, por tanto, que ahora sea tan difícil compaginar los intereses del Estado y la sociedad en este aspecto (que son afines) bajo un pacto o compromiso como el que proponemos que, de paso también, nos economizaría un innecesario choque de poderes a la hora de establecer si la ley 66-97 puede o no puede ser razonablemente cumplida en el marco de nuestras realidades.

  • Tomado de: Listin Diario
  • Editorial

 

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Acerca de Coalición Educación Digna

La coalición por la educación digna es un esfuerzo de un conjunto de organizaciones y activistas que piden mediante acciones cívicas y pacificas, que se cumpla de una buena vez con la LEY GENERAL DE EDUCACION 66-97, la que establece que el 4% del PIB en el presupuesto nacional sea destinado en inversión a la educación. Con el arma de un paraguas y sombrillas amarillas (el cual usan para cubrirse del sol) en la mano que reza 4% para la educación, un conjunto de organizaciones y activistas iniciaron su cruzada de respeto a la ley, ha esta se han sumado un sin numero de ciudadanos de toda índole que se han vuelto en una avalancha ciudadana. Más Información: Educacióndignard@gmail.com

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